Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, también utilizó sus plataformas digitales para lamentar profundamente la pérdida de Piñera. Otárola recordó a Piñera como un demócrata ejemplar que defendió el estado de derecho y el orden público en momentos cruciales para Chile. Transmitió sus condolencias al pueblo chileno y deseó que el exmandatario descanse en paz.

La presidenta de la República del Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, expresa su profundo pesar al hermano pueblo de Chile por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, importante líder político en la región y amigo del Perú.

Durante su mandato en el cargo más… pic.twitter.com/jH4CtOGg73

— Presidencia del Perú (@presidenciaperu) February 6, 2024

El fatídico accidente de helicóptero que cobró la vida de Sebastián Piñera tuvo lugar en la comuna de Lago Ranco, ubicada al sur de Chile, como informó la oficina del empresario en un comunicado oficial. En este comunicado, se confirmó la trágica noticia y se anunció que próximamente se brindarán detalles sobre los arreglos funerarios. Además, se agradeció el apoyo y las muestras de cariño recibidas durante este difícil momento.

El accidente, registrado alrededor de las 3:00 p.m. hora local, ha conmocionado a todo el país y a la región en su conjunto. Líderes políticos y figuras destacadas han expresado su dolor y pesar ante esta pérdida irreparable.

Es importante destacar que Sebastián Piñera fue un líder político influyente en América Latina, cuyo legado trascendió las fronteras de Chile. Durante su mandato, trabajó incansablemente por fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países de la región, dejando una huella imborrable en la historia política de América del Sur.

En resumen, la trágica muerte de Sebastián Piñera en un accidente aéreo ha dejado un profundo vacío en la política regional. Su liderazgo, compromiso y contribución al fortalecimiento de las relaciones entre países vecinos como Perú y Chile serán recordados y valorados por siempre.

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La presentación de esta denuncia constitucional se suma a los esfuerzos del congresista por garantizar que se siga un procedimiento regular en medio de las investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo sobre aquellos que no cuentan con fuero político. Ventura destacó la importancia de este proceso, señalando que “mientras el Ministerio Público continúe con las investigaciones de los no aforados, desde el Congreso tenemos la obligación de cumplir estrictamente con un procedimiento regular y solicitar la denuncia para que se levante la inmunidad”.

En el marco de esta denuncia, Ventura enfatizó que la tesis fiscal apunta a que Martín Vizcarra podría ser el cabecilla de una presunta organización criminal. Según el Ministerio Público, Vizcarra habría liderado esta organización, beneficiándose de actos colusorios con ministros de Estado y empresarios. La investigación sostiene que Vizcarra habría recibido millones de soles, aproximadamente el 3.5% de las obras, a través de estos actos ilícitos. Ventura destacó similitudes en el modus operandi de Vizcarra y el actual presidente, Pedro Castillo, sugiriendo que este último habría replicado prácticas ilegales durante su gestión.

En relación con la administración de los fondos, Ventura mencionó la supuesta participación de la esposa de Vizcarra, Maribel Díaz, en el manejo de los millones de soles que se destinaban a Palacio de Gobierno. Estas revelaciones refuerzan la gravedad de las acusaciones y la importancia de que Martín Vizcarra sea incluido en las investigaciones sin el amparo del fuero político.

Héctor Ventura también abordó el tema de los jueces sin rostro, destacando su eficacia en el pasado para derrotar al terrorismo. Aunque estas sentencias fueron anuladas internacionalmente por violar el debido proceso y las garantías constitucionales, Ventura no descartó la posibilidad de aplicar esta modalidad en la actualidad para combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Enfatizó la necesidad de un debate minucioso para encontrar la mejor manera de abordar estos desafíos actuales.

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La medida coercitiva fue dictada al considerar parcialmente fundada la solicitud presentada por el fiscal provincial del Tercer Despacho de la Fiscalía supraprovincial Corporativa Especializada en delito de corrupción de funcionarios.

La resolución emitida establece que la restricción de salida tiene como objetivo asegurar la eficacia del proceso y prevenir el riesgo de fuga por parte del acusado.

Martín Vizcarra enfrenta una investigación por presunto cohecho, siendo señalado por supuestamente recibir sobornos a cambio de otorgar beneficios a empresas específicas.

Además de Vizcarra, en este caso figura como denunciado el exgerente general del gobierno regional de Moquegua, José Luis Nuñez. También se incluyen como terceros civiles a las empresas Obrainsa, ICCGSA, Astaldi e Incor Contratistas Generales.

La Procuraduría Especial para el caso Lava Jato ha solicitado una reparación civil de 74 millones de soles en relación con las dos investigaciones que involucran al exmandatario.

Cabe destacar que Martín Alberto Vizcarra Cornejo desempeñó el cargo de gobernador de la región Moquegua desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Análisis del Caso y Significado Legal: El impedimento de salida impuesto a Martín Vizcarra se fundamenta en la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y prevenir cualquier intento de escape por parte del acusado. Este desarrollo legal marca un capítulo significativo en las investigaciones por corrupción que involucran al expresidente y resalta la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.

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En las primeras horas de la mañana, Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, firmó la orden de cese de Jaime Villanueva Barreto, argumentando una “necesidad de servicio”. Simultáneamente, dio por concluido el nombramiento de Marita Barreto Rivera como fiscal superior provisional en Lima Centro y coordinadora del equipo especial contra la corrupción en el poder.

Posteriormente, la policía llevó a cabo un operativo en una clínica en Surco para la detención preliminar de Jaime Villanueva, exasesor principal de Benavides, como parte de la ‘Operación Valkiria’. Esta operación, dirigida por la fiscal Marita Barreto y el coronel PNP Harvey Colchado, implica a Benavides como presunta líder de una organización criminal, donde Villanueva, el funcionario del Ministerio Público Miguel Angel Girao Isidro y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza estarían en un segundo nivel.

La ‘Operación Valkiria’ forma parte del caso denominado ‘La fiscal y su cúpula de poder’, que investiga a Villanueva, Girao Isidro y Hurtado Espinoza, acusados de “instrumentalizar el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio”.

Según el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú, esta presunta organización criminal se centra en tres ejes.

En primer lugar, buscarían influir ilícitamente en las decisiones de congresistas para destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de un procedimiento constitucional. Esto se relaciona con las investigaciones de la JNJ sobre Benavides, con la posibilidad de suspenderla. A cambio, la fiscal de la Nación archivaría denuncias por corrupción contra congresistas.

En segundo lugar, la organización habría influido en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, quien presidiría una comisión para seleccionar nuevos miembros de la JNJ, asegurando la permanencia de Benavides en la cúpula del Ministerio Público.

En tercer lugar, se habría promovido la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación, mediante un proceso constitucional en el Congreso, con el respaldo de parlamentarios a cambio de favores en investigaciones pendientes en la Fiscalía de la Nación.

Es importante mencionar que Benavides también dio por concluida la designación de Rafael Vela Barba en varios cargos relacionados con las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y en la coordinación del Equipo Especial de Fiscales.

El Equipo Especial de la Policía Nacional accedió a chats donde Villanueva se autodenominaba “el único autorizado por la fiscal de la Nación” para hablar en su nombre, resaltando la importancia de Josué Gutiérrez en la elección de la nueva Junta Nacional de Justicia.

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En su discurso, la Mandataria destacó el compromiso de redoblar esfuerzos desde el inicio del año para combatir la delincuencia y la criminalidad. De los 5,190 agentes policiales incorporados, 3,678 serán asignados a diversas ciudades, mientras que aproximadamente 1,500 estarán desplegados en Lima y Callao, focalizándose en los distritos con mayores índices delictivos.

La Presidenta Boluarte resaltó que estos nuevos efectivos se sumarán a los 40,000 agentes ya dedicados a labores de patrullaje y seguridad ciudadana, contribuyendo al contingente total de 130,000 policías en funciones en el país. Subrayó que estos profesionales son especialistas en investigación y orden público, alineándose con los objetivos de política de seguridad ciudadana del Gobierno.

En consonancia con estos esfuerzos, la Presidenta destacó el significativo aumento de 136 millones de soles en el presupuesto destinado a actividades de patrullaje para este año. Además, se asignarán más de 5,000 millones de soles para la lucha contra la criminalidad, permitiendo mejoras en las comisarías, la atención brindada en estas y el fortalecimiento del patrullaje policial en las calles.

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En el comunicado se destacó que Antonio de la Haza Barrantes sucederá en el cargo a Imelda Tumialán Pinto, y será la encargada de tomarle el juramento de honor. Además, se informó que el doctor Aldo Vásquez Ríos fue elegido como vicepresidente de la JNJ.

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) eligió al doctor Antonio Humberto de la Haza Barrantes como presidente para el último período de gestión del actual Pleno que culmina el 05 de enero de 2025.
Leer nota de prensa: https://t.co/RQ9UA0ssr9 pic.twitter.com/9YjyYhENeb

— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) December 22, 2023

Es importante recordar que el presidente de la JNJ no solo actúa como el representante legal de la institución, sino que también lidera la política institucional y preside el Pleno, el cual está compuesto por siete miembros.

Esta elección marca un hito significativo en la dirección de la JNJ, ya que Antonio de la Haza Barrantes asume la responsabilidad de liderar la institución en un período clave. Su experiencia y compromiso con la justicia reflejan un nuevo capítulo en la gestión de la Junta Nacional de Justicia.

Estructura con subtítulos:

1. Antonio de la Haza Barrantes: Nuevo Presidente de la JNJ En esta sección, se aborda la elección de Antonio de la Haza Barrantes como presidente de la JNJ y se destacan sus cualidades y responsabilidades.

2. Cambio en la Presidencia: Imelda Tumialán Pinto le traspasa el cargo Se explora el proceso de transición entre Imelda Tumialán Pinto y Antonio de la Haza Barrantes, resaltando la importancia del juramento de honor.

3. Aldo Vásquez Ríos: Nuevo Vicepresidente de la JNJ En este apartado, se presenta al nuevo vicepresidente, el doctor Aldo Vásquez Ríos, y se resalta su papel en la estructura de liderazgo de la institución.

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Incautación e Inhibición de Bienes: Siguiendo la solicitud del fiscal Renzo Cayro Armejo, el Poder Judicial ha ordenado la incautación e inhibición de tres bienes inmuebles de PPK, situados en los distritos limeños de San Isidro y Cieneguilla. Estas medidas cautelares forman parte de un proceso de pérdida de dominio relacionado con el caso Odebrecht.

Vínculo con Lavado de Activos: La Fiscalía sostiene que estos tres bienes inmuebles estarían relacionados con el presunto delito de lavado de activos, ya que habrían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas asociadas a los casos del Proyecto de Irrigación Olmos y la Carretera Interoceánica Sur tramos 02 y 03.

Adquisición por Sociedad Conyugal y Empresa: Los predios en cuestión fueron adquiridos por la sociedad conyugal de Pedro Pablo Kuczynski y su esposa Nancy Lange, así como por la empresa Dorado Asset Management LTD, en los años 2005, 2006 y 2007.

Gestión por el Programa Nacional de Bienes Incautados: Dos de los bienes inmuebles incautados están siendo administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), mientras que el tercer predio cuenta con una orden de inhibición.

Contexto del Caso Odebrecht: El proceso de pérdida de dominio sigue al escándalo de corrupción vinculado a la empresa Odebrecht. El fiscal Renzo Cayro Armejo ha argumentado que los bienes de PPK están conectados con actividades ilícitas relacionadas con proyectos de infraestructura financiados por la mencionada empresa.

Desarrollo de la Investigación: La investigación en curso busca esclarecer el presunto flujo de dinero ilícito en la adquisición de estos bienes. La conexión a los casos Odebrecht, específicamente al Proyecto de Irrigación Olmos y la Carretera Interoceánica Sur, ha llevado a la adopción de medidas cautelares para preservar los activos mientras se profundiza en la investigación.

Impacto en la Gestión de Bienes: La gestión de estos bienes incautados y la aplicación de medidas como la inhibición buscan asegurar la transparencia del proceso judicial y proteger los intereses del Estado en medio de las acusaciones de lavado de activos y corrupción que rodean al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

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El informe, redactado por el congresista José Jerí de Somos Perú, obtuvo diez votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones. Entre los legisladores que respaldaron el archivo se encuentran Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu y Martha Moyano de Fuerza Popular, así como Jorge Montoya y José Cueto de Renovación Popular, y José Jerí.

En oposición al informe, votaron los parlamentarios de Perú Libre Margot Palacios, Segundo Montalvo e Isaac Mita; Kira Alcarraz y Francis Paredes de Podemos Perú; Susel Paredes de Cambio Democrático-Juntos por el Perú; y José María Balcázar de Perú Bicentenario.

La denuncia constitucional 187, acumulada con las acusaciones 178, 179, 180, 181 y 187, señalaba a Becerril como presunto autor de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado. Sin embargo, el informe de Jerí fue respaldado por la mayoría de la subcomisión, argumentando que los elementos de convicción no pudieron ser corroborados durante las diligencias preliminares.

El excongresista fujimorista fue acusado por el Ministerio Público el 10 de julio de 2020, siendo señalado como miembro de la organización criminal ‘Los temerarios del crimen’ o ‘Los corchines de la corrupción’. Se le imputaba ser el brazo político de dicha organización y operar para incluir obras a favor de la Municipalidad de Chiclayo en el Presupuesto General de la República, en colaboración con David Cornejo Chinguel, exburgomaestre de dicha provincia.

Becerril habría recibido beneficios económicos, como la compra de porcelanato para su vivienda, a cambio de favorecer a la mencionada municipalidad. También se le atribuye haber aprovechado su cargo para ofrecer gestionar el presupuesto de la Municipalidad de Aucallama en la provincia de Huaral, a cambio de que la comuna pagara una deuda de S/248 millones 565 soles a una empresa vinculada a su hermano Segundo Becerril.

A pesar de las acusaciones, el informe de Jerí concluye que la Fiscalía partió de sospechas iniciales que no pudieron ser corroboradas durante las diligencias preliminares, careciendo de indicios reveladores o pruebas fehacientes que respaldaran los delitos imputados a Becerril. El documento propone el archivo de la investigación.

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La resolución de la JNJ, tomada en estricto cumplimiento de la constitución, la ley orgánica y el reglamento de procedimientos disciplinarios, subraya el compromiso de la institución con el debido proceso y el derecho de defensa en el curso de la investigación. Este pronunciamiento destaca la importancia de seguir los protocolos establecidos para mantener la integridad del proceso y evitar posibles interferencias.

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) inició recientemente la operación ‘Valquiria V’, enfocada en investigar a Patricia Benavides por su presunto liderazgo en una organización criminal dentro del Ministerio Público. La pesquisa se enmarca en el caso conocido como ‘La Fiscal y su cúpula de poder’.

Según la tesis fiscal-policial, Patricia Benavides se encuentra vinculada al asesor principal Jaime Villanueva, quien fue detenido preliminarmente. Villanueva es señalado como el nexo entre la fiscal de la Nación y congresistas, con el propósito de influir ilícitamente en decisiones relacionadas con la remoción de los titulares de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

Durante la audiencia en la JNJ, Patricia Benavides optó por retirarse junto a su abogado, Jorge del Castillo, argumentando la falta de garantías suficientes para continuar con el procedimiento. Esta decisión se tomó minutos después de que se presentara el proyecto de resolución de suspensión, evadiendo así las preguntas planteadas en la sesión.

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La liberación de Fujimori, de 85 años, se produce tras pasar 16 años en prisión, en un centro penitenciario que, según informes de 2020, contaba con diversas comodidades, como tres estancias, biblioteca, taller de pintura, cocina, sala de reuniones, enfermería y hasta un huerto, representando un costo anual de aproximadamente 172 mil dólares para el Estado peruano.

Horas previas a su liberación, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó que Fujimori tiene una deuda de reparación civil que asciende a 57 millones de soles por tres de los casos por los cuales fue condenado.

En cuanto a los delitos que llevaron a la condena de Alberto Fujimori, estos abarcan una variedad de acusaciones graves:

1. Usurpación de funciones: En 2007, Fujimori fue condenado a seis años de prisión por ordenar a un militar suplantar la identidad de un fiscal y allanar ilegalmente la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Vladimiro Montesinos, para robar ‘Vladivideos’. La reparación civil impuesta fue de 400 mil soles.

2. Homicidio calificado con alevosía y secuestro: En 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. La reparación civil ascendió a más de un millón de soles.

3. Peculado y falsedad ideológica: También en 2009, Fujimori admitió la entrega de 15 millones de dólares del tesoro público a Montesinos, lo que le valió una condena de siete años y seis meses de cárcel, además de una reparación civil de tres millones de soles.

4. Corrupción y espionaje: En el mismo año, recibió una sentencia de seis años por espionaje telefónico a periodistas y políticos, así como por comprar medios de comunicación. La reparación civil establecida fue de 24 millones de soles.

5. Caso ‘Diarios Chicha’: En 2015, Fujimori fue condenado a ocho años de prisión por desviar fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar diarios que promovían su reelección en 1995. Sin embargo, en 2016, fue absuelto por la Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein.

A la fecha, Alberto Fujimori no ha cumplido con el pago de la millonaria suma que adeuda al Estado peruano en concepto de reparación civil.

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