La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha aprobado mayoritariamente el informe que archiva la denuncia presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excongresista fujimorista Héctor Becerril en el caso ‘Los temerarios del crimen’. La denuncia acumulaba cargos por cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado.
El informe, redactado por el congresista José Jerí de Somos Perú, obtuvo diez votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones. Entre los legisladores que respaldaron el archivo se encuentran Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu y Martha Moyano de Fuerza Popular, así como Jorge Montoya y José Cueto de Renovación Popular, y José Jerí.
En oposición al informe, votaron los parlamentarios de Perú Libre Margot Palacios, Segundo Montalvo e Isaac Mita; Kira Alcarraz y Francis Paredes de Podemos Perú; Susel Paredes de Cambio Democrático-Juntos por el Perú; y José María Balcázar de Perú Bicentenario.
La denuncia constitucional 187, acumulada con las acusaciones 178, 179, 180, 181 y 187, señalaba a Becerril como presunto autor de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado. Sin embargo, el informe de Jerí fue respaldado por la mayoría de la subcomisión, argumentando que los elementos de convicción no pudieron ser corroborados durante las diligencias preliminares.
El excongresista fujimorista fue acusado por el Ministerio Público el 10 de julio de 2020, siendo señalado como miembro de la organización criminal ‘Los temerarios del crimen’ o ‘Los corchines de la corrupción’. Se le imputaba ser el brazo político de dicha organización y operar para incluir obras a favor de la Municipalidad de Chiclayo en el Presupuesto General de la República, en colaboración con David Cornejo Chinguel, exburgomaestre de dicha provincia.
Becerril habría recibido beneficios económicos, como la compra de porcelanato para su vivienda, a cambio de favorecer a la mencionada municipalidad. También se le atribuye haber aprovechado su cargo para ofrecer gestionar el presupuesto de la Municipalidad de Aucallama en la provincia de Huaral, a cambio de que la comuna pagara una deuda de S/248 millones 565 soles a una empresa vinculada a su hermano Segundo Becerril.
A pesar de las acusaciones, el informe de Jerí concluye que la Fiscalía partió de sospechas iniciales que no pudieron ser corroboradas durante las diligencias preliminares, careciendo de indicios reveladores o pruebas fehacientes que respaldaran los delitos imputados a Becerril. El documento propone el archivo de la investigación.
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