El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, alegando su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y colusión. Ventura busca que se levante el fuero político del exmandatario para que sea incluido en las investigaciones a nivel de la Fiscalía.
La presentación de esta denuncia constitucional se suma a los esfuerzos del congresista por garantizar que se siga un procedimiento regular en medio de las investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo sobre aquellos que no cuentan con fuero político. Ventura destacó la importancia de este proceso, señalando que “mientras el Ministerio Público continúe con las investigaciones de los no aforados, desde el Congreso tenemos la obligación de cumplir estrictamente con un procedimiento regular y solicitar la denuncia para que se levante la inmunidad”.
En el marco de esta denuncia, Ventura enfatizó que la tesis fiscal apunta a que Martín Vizcarra podría ser el cabecilla de una presunta organización criminal. Según el Ministerio Público, Vizcarra habría liderado esta organización, beneficiándose de actos colusorios con ministros de Estado y empresarios. La investigación sostiene que Vizcarra habría recibido millones de soles, aproximadamente el 3.5% de las obras, a través de estos actos ilícitos. Ventura destacó similitudes en el modus operandi de Vizcarra y el actual presidente, Pedro Castillo, sugiriendo que este último habría replicado prácticas ilegales durante su gestión.
En relación con la administración de los fondos, Ventura mencionó la supuesta participación de la esposa de Vizcarra, Maribel Díaz, en el manejo de los millones de soles que se destinaban a Palacio de Gobierno. Estas revelaciones refuerzan la gravedad de las acusaciones y la importancia de que Martín Vizcarra sea incluido en las investigaciones sin el amparo del fuero político.
Héctor Ventura también abordó el tema de los jueces sin rostro, destacando su eficacia en el pasado para derrotar al terrorismo. Aunque estas sentencias fueron anuladas internacionalmente por violar el debido proceso y las garantías constitucionales, Ventura no descartó la posibilidad de aplicar esta modalidad en la actualidad para combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Enfatizó la necesidad de un debate minucioso para encontrar la mejor manera de abordar estos desafíos actuales.
