Las imágenes revelan que cuatro individuos llegaron al establecimiento en dos motocicletas. Dos de ellos ingresaron al local, identificaron a su víctima, quien se encontraba en la ventanilla, y lo atacaron de inmediato. En cuestión de segundos, le arrebataron el dinero y su billetera. Sorprendentemente, un cliente que también estaba presente en el establecimiento optó por huir, abandonando su mochila que contenía seis POS. Los delincuentes no desaprovecharon la oportunidad y se llevaron tanto el dinero como los artefactos antes de huir por las calles de Comas.

El empresario afectado presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de Santa Luzmila, marcando el inicio de las investigaciones por parte de la Policía Nacional para identificar y localizar a los perpetradores de este violento atraco.

Por otro lado, en una pollería ubicada en la calle Daniel Garcés, en la urbanización Prolongación San Ignacio, distrito de Surco, tres delincuentes armados protagonizaron un asalto a los clientes. Las cámaras de seguridad del establecimiento capturaron el momento exacto del incidente, donde los criminales amenazaron a los presentes con armas de fuego y procedieron a despojarlos de sus pertenencias, incluyendo billeteras, celulares y relojes.

Además de los objetos personales de los clientes, los asaltantes se llevaron las ganancias del día y equipos electrónicos propiedad del restaurante. La dueña de la pollería informó a RPP que uno de los delincuentes, cubriendo su arma con una mochila, se dirigió directamente a los clientes exigiendo sus pertenencias. El resultado fue la pérdida de una laptop valuada en 3 mil soles, más de mil soles en efectivo, varios celulares y otros objetos robados a los clientes presentes en el lugar.

Estos eventos resaltan la creciente preocupación por la seguridad en las zonas urbanas, impulsando la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las autoridades para prevenir y abordar los casos de delincuencia. La colaboración entre la comunidad y la Policía se presenta como crucial en la búsqueda de justicia y la seguridad ciudadana. La atención a estos incidentes por parte de las autoridades refuerza la importancia de fortalecer las medidas de seguridad en lugares públicos y la implementación de estrategias efectivas para combatir la delincuencia en todas sus formas.

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Según información proporcionada por el general Oscar Arriola, jefe del estado mayor de la PNP, se espera que Fray Vásquez arribe a Lima en las próximas horas. “Se ha logrado la entrega (…). Se está cerrando el capítulo de Fray Vásquez y esperemos el resultado de lo que pueda decir en adelante. Fray Vásquez estaría llegando a la capital en una hora y media o dos que toma el vuelo, pero ya habría despegado en este mismo momento“, expresó el general en una entrevista con RPP.

Cabe destacar que Fray Vásquez Castillo enfrentaba una orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional, en relación con una medida de prisión preventiva de 24 meses por el caso conocido como “Puente Tarata”. El pariente del exmandatario permanecía como “no habido” desde marzo de 2022, fecha en la que se emitió la orden de detención en el marco de la investigación fiscal, la cual también involucra al exministro de Transportes y Comunicaciones prófugo, Juan Silva.

En cuanto al traslado de Fray Vásquez hacia Lima, la PNP informó que abordó un avión de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) a las 7:45 a.m. de este lunes en el aeropuerto de Puno. La Policía precisó que el sobrino del expresidente Pedro Castillo se entregó “voluntariamente” a las autoridades alrededor de las 10:30 p.m. del domingo 28 de enero en la ciudad de Desaguadero, ubicada en la frontera entre Puno y Bolivia.

Este importante acontecimiento marca un hito en la investigación relacionada con el caso “Puente Tarata”, y la rendición de Fray Vásquez Castillo representa un avance significativo en la aplicación de la justicia. El desenlace de este episodio arrojará luz sobre los hechos y declaraciones que puedan surgir en las próximas etapas del proceso judicial. La colaboración entre las autoridades competentes ha demostrado ser fundamental para el esclarecimiento de casos de interés público y la materialización de la justicia en el país.

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La prima del difunto ha expresado la creencia de que este triste suceso no fue un simple acto de desaparición, sino más bien un asesinato perpetrado por nada menos que la esposa y los dos hijos del fallecido. La sospecha apunta directamente al propio hijo de Sabino como presunto responsable de este crimen impactante.

El impacto de esta tragedia ha llevado a la detención de tres miembros de la familia de Sabino: su esposa y los dos hijos, ambos alrededor de los 30 años. En estos momentos, se encuentran bajo custodia en la Depincri del Callao, colaborando con las autoridades para esclarecer los eventos que condujeron a la trágica muerte de Sabino Quea Cayo.

Es fundamental comprender que este caso se suma a una serie de eventos lamentables que han afectado a la comunidad de Carabayllo en las últimas semanas. Antes de la desaparición y posterior fallecimiento de Sabino, dos menores de edad perdieron la vida en un incidente relacionado con el río Chillón.

En la víspera de la Navidad, dos primos, de 12 y 14 años, respectivamente, murieron ahogados mientras jugaban a la orilla del río. Este suceso ocurrió en el distrito de Carabayllo, específicamente en el asentamiento humano Villa Valencia. A pesar de los esfuerzos de los vecinos por movilizarse y encontrar a los menores, la tragedia se consumó.

La desesperación llevó a los residentes a alertar a las autoridades policiales, quienes iniciaron una operación de búsqueda. Tras arduos esfuerzos, lograron rescatar los cuerpos de los dos menores fallecidos en el río Chillón, dejando a la comunidad sumida en la tristeza y el dolor.

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El Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado del Callao tomó esta decisión tras imputar a los mencionados funcionarios del Reniec por los delitos de cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal, ambos en detrimento del Estado peruano.

La investigación se desencadenó a raíz de un informe de Cuarto Poder, emitido el pasado domingo, que destapó una presunta mafia dentro del Reniec dedicada a alterar datos para excluir a presuntos criminales de procesos legales. Uno de los casos que destacó en la investigación fue el del narcotraficante Edwin Cueva León, quien figuraba como ‘fallecido’ en los registros a pesar de estar vivo, evitando así cualquier pesquisa en su contra.

El operativo desplegado por la Policía Nacional y el Ministerio Público en varios distritos de Lima condujo a la detención de Ericka Coronado Carbajal, acusada de tramitar falsamente la muerte de Cueva Coronado. Durante la investigación, las autoridades descubrieron depósitos constantes en su cuenta bancaria, aportando pruebas adicionales al caso.

Luis Baltazar Halcón Bazán, el segundo detenido, está bajo investigación por modificar los datos personales de una mujer venezolana, cambiando su ciudad de nacimiento, las identidades de sus padres e incluso reduciendo su edad, otorgándole una ‘nacionalización’ peruana sin procedimientos adecuados.

En cuanto a los registradores del Reniec, Daniel Fermin Asto Ochoa, Carlos Augusto Cuba Rodríguez y Oscar Alberto Rea León, también señalados como presuntos autores de cohecho pasivo propio y otros delitos contra la administración pública, se les impusieron medidas de comparecencia con restricciones. Estas medidas incluyen la prohibición de ausentarse de su localidad sin autorización judicial, la imposibilidad de viajar al extranjero y la obligación de justificar sus actividades ante el juzgado cada quince días, además de un pago de cinco mil soles como medida económica.

Este escándalo en Reniec no solo pone en entredicho la integridad de la institución, sino que también destaca la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos internos para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de información crucial para la identificación de ciudadanos. La sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para restaurar la confianza en el sistema.

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Los implicados, en su mayoría funcionarios de la sección de depósitos judiciales del Banco de la Nación, están señalados de participar en la apropiación indebida de más de 15 millones de soles durante el año 2022. La medida fue ejecutada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

La modalidad operativa de esta organización criminal involucraba la presentación de documentos falsos para reportar pérdidas de certificados de depósitos judiciales. Bajo este pretexto, obtenían duplicados de los certificados y, suplantando la identidad de los titulares, retiraban el dinero de manera fraudulenta.

Durante el proceso de allanamiento, se encontraron certificados de depósitos judiciales, tarjetas de débito y una cantidad en efectivo que ascendía a 10 mil soles. Esta acción fue llevada a cabo por 20 fiscales anticorrupción con el respaldo de 90 agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional.

La intervención judicial busca desmantelar la estructura delictiva y recuperar los fondos sustraídos ilícitamente del Banco de la Nación. La cooperación entre el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad es fundamental para enfrentar y prevenir casos de corrupción de esta magnitud.

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Valeria, alumna del colegio John Nash High School, fue raptada junto a su hermano menor cuando arribaban a su residencia en la calle Minutisa, tras salir de clases. Ambos viajaban en una movilidad escolar. Testigos presenciales relatan que el hermano logró descender del vehículo e ingresar sin inconvenientes a la vivienda, mientras que Valeria fue interceptada por cuatro hombres encapuchados que descendieron de una minivan color plateada, portando chalecos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La adolescente fue subida a la fuerza al vehículo de los secuestradores, un hecho que se desarrolló frente a sus compañeros de colegio, su hermano y vecinos, quienes lamentablemente no pudieron intervenir.

En declaraciones a RPP Noticias, el padre de Valeria informó que mantiene constante comunicación con su hija y los secuestradores, quienes exigen una suma exorbitante como condición para liberar a la estudiante. Aunque no especificó la cantidad exacta, mencionó que se trata de un monto inalcanzable para ellos. “Intentamos conversar y estamos a la espera de más detalles de ellos“, expresó.

El progenitor, dedicado a la contabilidad, reveló que no recibió amenazas previas al secuestro de su hija, desconociendo así los motivos detrás del rapto. Subrayó que todo sucedió de manera imprevista.

Mientras tanto, el padre de Valeria, junto con amigos y familiares, está difundiendo afiches en diversas zonas, incluyendo Comas, Carabayllo, San Martín de Porres y Puente Piedra, con el objetivo de recabar información sobre el paradero de la menor.

En paralelo, la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP está siguiendo las pistas de los captores, y la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte ha iniciado una investigación preliminar para determinar la responsabilidad de quienes participaron en el secuestro.

La comunidad espera ansiosa noticias sobre la pronta liberación de Valeria y el esclarecimiento de este preocupante suceso que ha conmocionado a la ciudad de Comas. Los esfuerzos coordinados entre la familia, las autoridades y la población son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de la adolescente.

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La movilización de los padres de familia busca no solo expresar su preocupación, sino también solicitar el respaldo de las autoridades ante este incidente alarmante. Valeria, estudiante de la institución educativa John Nash, fue víctima del secuestro cuando regresaba a casa acompañada por su hermano menor. Ambos salieron de clases y se dirigieron a su residencia en una movilidad escolar. En el momento en que llegaron a la puerta de su domicilio, ocurrió el violento rapto.

Según relatos de testigos presenciales, la menor, identificada como Valeria, estaba con su hermano cuando fueron abordados por cuatro hombres encapuchados que se desplazaban en una miniván plateada. La situación se tornó violenta, ya que los secuestradores rompieron la cabeza del chofer y tiraron al suelo a la ayudante. Posteriormente, subieron a Valeria al vehículo y se dirigieron a un destino desconocido.

Jean Paul, padre de uno de los compañeros del hermano de Valeria, compartió su testimonio con RPP, detallando que los secuestradores actuaron con rapidez. Mencionó que, al descender el hermano menor, los encapuchados interceptaron a Valeria cuando se disponía a entrar a su casa. Durante el incidente, el chofer sufrió lesiones en la cabeza, mientras que la ayudante fue arrojada al suelo. Los niños que se encontraban en la miniván comenzaron a gritar, alertando a los vecinos, quienes acudieron en su auxilio.

El caso ha sido trasladado a la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes ya están trabajando en la investigación. Los padres de Valeria han optado por no hacer declaraciones a los medios por temor a represalias.

La familia y amigos de Valeria instan a las autoridades a intensificar los esfuerzos de búsqueda y captura de los responsables del secuestro. Se sospecha que los secuestradores podrían estar exigiendo un rescate a los padres de la menor, lo que agrava aún más la gravedad de la situación.

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El Ministro del Interior, Víctor Torres, anunció en una conferencia de prensa que Wanda del Valle fue detenida en la tarde de este miércoles, gracias a una colaboración entre la Policía, el FBI y las autoridades colombianas. El general PNP, Oscar Arriola, explicó que la captura se logró tras un mes de investigación en conjunto con las autoridades colombianas y gracias a la alerta roja emitida por Interpol.

“Hoy a las 13 horas se ha logrado la intervención, la identificación plena, se han enviado desde acá las impresiones digitales de Wanda porque tiene algunos cambios físicos. Entonces se ha confirmado la identidad plena y ya está arrestada como corresponde por esta alerta roja de la Interpol“, detalló Arriola.

El proceso de extradición de Wanda del Valle ahora está en marcha, y aunque Arriola no proporcionó un tiempo estimado, expresó su esperanza de que sea un procedimiento rápido. Señaló que la colaboración de las autoridades colombianas será fundamental en este proceso.

Wanda del Valle Bermúdez Viera, vinculada a la organización criminal “Tren de Aragua”, desapareció del radar tras la muerte de su entonces pareja, ‘Maldito Cris’, abatido en un operativo en San Martín de Porres. Durante su tiempo como fugitiva, la mujer ofreció hasta 40 mil dólares a sicarios para asesinar al jefe de Homicidios de la PNP, coronel Victor Revoredo. La Policía la identifica como la presunta recaudadora del dinero proveniente de actividades ilícitas como ‘raqueteo’, extorsiones y cobros de cupos.

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El Octavo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash ha llevado a cabo el allanamiento de 30 propiedades y la incautación de diversos objetos vinculados a la investigación. La lista de involucrados abarca a policías de la Dirección Contra la Corrupción de Áncash, así como miembros de la junta directiva del Colegio de Abogados de Áncash.

De acuerdo con la tesis fiscal, los acusados enfrentan cargos por el delito de organización criminal, alegando que se beneficiaron ilícitamente de licitaciones y asignaciones laborales en el programa Agrorural de la región Áncash.

Durante el operativo fiscal, se ha incautado una variedad de elementos, incluyendo laptops, unidades USB y documentos de múltiples propiedades ubicadas en las ciudades de Huaraz, Recuay, Yungay, Caraz, Chimbote y Lima.

Es importante destacar que Gladys Juaquina Almandoz Villanueva ocupa el cargo de secretaria 2 en Agrorural Áncash. La Fiscalía sostiene que estaría involucrada en la negociación de puestos de trabajo, señalando directamente a un empleado que la acusa.

El caso representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en la región, con ramificaciones que alcanzan a personas cercanas a figuras prominentes, como la cuñada del primer ministro. La investigación continúa desentrañando los detalles de la presunta red criminal y sus actividades ilícitas en el programa Agrorural de Áncash.

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Un importante contingente policial de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) se desplazó hasta el kilómetro 263 de la mencionada carretera, ubicado en el distrito iqueño de Salas Guadalupe, para restaurar la normalidad en la zona.

Aunque en el kilómetro 290, en el sector Expansión Urbana del mismo distrito, se registró otra interrupción, se ha informado que los numerosos vehículos que quedaron varados en la vía ahora circulan con normalidad en ambas direcciones, desde Lima hacia Ica y viceversa.

El enfrentamiento entre los efectivos policiales de la Dinoes y los manifestantes, aproximadamente 200 personas, tuvo lugar previamente, alrededor de las 21:00 horas, cuando estos últimos quemaron llantas y utilizaron palos como medida de protesta.

Es relevante destacar que en la región de Ica, tres puntos específicos de la Panamericana Sur suelen ser bloqueados durante manifestaciones: Barrio Chino en el kilómetro 262, Expansión en el kilómetro 290 y El Álamo en el kilómetro 299.

Este incidente subraya la creciente tensión social y la necesidad de abordar las preocupaciones de diversos sectores, no solo en términos de seguridad vial, sino también en el contexto de demandas sociales que impactan en la población. El desbloqueo de la vía es un paso importante para la restauración de la normalidad, pero destaca la importancia de abordar los problemas subyacentes que generan este tipo de protestas.

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