En un reciente reportaje periodístico se reveló un preocupante caso de corrupción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde funcionarios estarían manipulando información para que individuos señalados como presuntos delincuentes aparezcan falsamente registrados como ‘fallecidos’. Este hecho ha llevado a que dos empleados del Reniec, Ericka Lola Coronado Carbajar y Luis Baltazar Halcón Bazán, enfrenten una medida drástica: 18 meses de prisión preventiva.
El Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado del Callao tomó esta decisión tras imputar a los mencionados funcionarios del Reniec por los delitos de cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal, ambos en detrimento del Estado peruano.
La investigación se desencadenó a raíz de un informe de Cuarto Poder, emitido el pasado domingo, que destapó una presunta mafia dentro del Reniec dedicada a alterar datos para excluir a presuntos criminales de procesos legales. Uno de los casos que destacó en la investigación fue el del narcotraficante Edwin Cueva León, quien figuraba como ‘fallecido’ en los registros a pesar de estar vivo, evitando así cualquier pesquisa en su contra.
El operativo desplegado por la Policía Nacional y el Ministerio Público en varios distritos de Lima condujo a la detención de Ericka Coronado Carbajal, acusada de tramitar falsamente la muerte de Cueva Coronado. Durante la investigación, las autoridades descubrieron depósitos constantes en su cuenta bancaria, aportando pruebas adicionales al caso.
Luis Baltazar Halcón Bazán, el segundo detenido, está bajo investigación por modificar los datos personales de una mujer venezolana, cambiando su ciudad de nacimiento, las identidades de sus padres e incluso reduciendo su edad, otorgándole una ‘nacionalización’ peruana sin procedimientos adecuados.
En cuanto a los registradores del Reniec, Daniel Fermin Asto Ochoa, Carlos Augusto Cuba Rodríguez y Oscar Alberto Rea León, también señalados como presuntos autores de cohecho pasivo propio y otros delitos contra la administración pública, se les impusieron medidas de comparecencia con restricciones. Estas medidas incluyen la prohibición de ausentarse de su localidad sin autorización judicial, la imposibilidad de viajar al extranjero y la obligación de justificar sus actividades ante el juzgado cada quince días, además de un pago de cinco mil soles como medida económica.
Este escándalo en Reniec no solo pone en entredicho la integridad de la institución, sino que también destaca la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos internos para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de información crucial para la identificación de ciudadanos. La sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para restaurar la confianza en el sistema.
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