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Presidente del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la liberación de Alberto Fujimori

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Francisco Morales Saravia
Francisco Morales Saravia

En respuesta a la resolución de aclaración emitida por el Tribunal Constitucional (TC) respecto al indulto de Alberto Fujimori, el presidente de dicho organismo, Francisco Morales Saravia, afirmó que la liberación del expresidente sí procede y explicó las razones detrás de esta decisión.

Morales Saravia destacó que la resolución del Tribunal Constitucional constituye una aclaración que despeja la sentencia del año pasado, la cual estableció la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Subrayó la importancia de acatar y cumplir las sentencias del Tribunal, indicando que, en este caso, la decisión del TC prevalece sobre otras instancias judiciales.

En cuanto al proceso de liberación, el presidente del TC señaló que ahora depende de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) proceder con la excarcelación de Fujimori. Afirmó que la resolución de aclaración, fechada el 21 de noviembre, se basa en debates y votaciones internas, destacando que los magistrados han seguido el procedimiento establecido.

Morales Saravia rechazó la idea de que el pronunciamiento del TC sea un distractivo y afirmó que todos los magistrados han respaldado la resolución de aclaración. La controversia en torno al indulto de Fujimori ha generado una situación dramática, pero el TC insiste en seguir su procedimiento de manera objetiva.

El 28 de noviembre, se reveló que el TC declaró improcedente una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia sobre el indulto a Alberto Fujimori y remitió lo actuado al juez de ejecución de un hábeas corpus presentado en Ica a favor del exgobernante.

Cabe recordar que el TC había establecido en 2022 restablecer los efectos del indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori. Sin embargo, la ejecución de esa sentencia fue paralizada por una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). El indulto, concedido en diciembre de 2017, fue anulado previamente por el Poder Judicial en 2018, atendiendo a una solicitud de la Corte Interamericana relacionada con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por las cuales Fujimori fue condenado.


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