En el panorama legal actual, Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, argumenta que su cliente debería ser liberado, a menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita una nueva sentencia, una posibilidad que considera “escandalosa”. Estos comentarios surgen tras la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso de Fujimori.
Ana Neyra, exministra de Justicia, enfatiza que la decisión del TC no implica la liberación inmediata ni la restitución del indulto. La resolución remite el caso al juez de ejecución de Ica, quien deberá determinar si el indulto es procedente o no. Neyra subraya que no hay un nuevo pronunciamiento del Tribunal, sino una derivación del caso a la instancia correspondiente.
Neyra aclara que el proceso legal debe regirse por las condiciones establecidas por la Corte IDH. Se debe verificar si se cumplen las condiciones para un indulto humanitario, como la enfermedad terminal y la contribución activa a la resolución de los hechos. Según Neyra, Fujimori no ha cumplido con estos requisitos, lo que podría afectar la viabilidad del indulto.
Respecto al estado actual del caso de Alberto Fujimori, Neyra ofrece un recorrido detallado de los eventos. Desde el indulto otorgado en 2017 hasta la decisión del TC en 2022, que respaldó el indulto pero fue objetado por la Corte IDH. La reciente resolución del TC no ordena la liberación de Fujimori, sino que sugiere una aclaración que ahora debe ser evaluada por el juez de ejecución.
Elio Riera, por su parte, destaca que la resolución del TC no implica la liberación inmediata de Fujimori. Insiste en que la Corte IDH no indicó que el mandato del TC no podía ejecutarse sin ratificación. Riera sugiere que el juez a cargo debe considerar tanto la medida provisional de la Corte IDH como la sentencia del TC respaldada por el auto aclaratorio.
En conclusión, el caso de Alberto Fujimori sigue siendo objeto de atención y debate legal. La resolución reciente del TC no determina la liberación, dejando la decisión en manos del juez de ejecución y manteniendo la posibilidad de intervención adicional de la Corte IDH.
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