En una reciente sesión del Consejo de Ministros, se aprobó el Decreto Legislativo (DL) 1589, una medida que introduce modificaciones al Código Penal en Perú. El propósito fundamental de estas reformas es garantizar la seguridad y tranquilidad pública en el país. Una de las disposiciones más destacadas establece penas más severas, incluida la posibilidad de hasta 15 años de prisión, para aquellos que participen en actos que obstruyan importantes vías de comunicación.

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, explicó que esta legislación tiene como objetivo sancionar la afectación de diversas vías, abarcando tanto las terrestres como las fluviales, así como la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria. También se enfoca en aquellas acciones que interfieren con la distribución de energía, hidrocarburos y minerales. El mensaje del presidente es claro: es momento de que aquellos que intentan afectar los derechos de los peruanos respondan por sus actos.

El DL 1589 también aborda la penalización de aquellos que causen graves daños a los recursos, infraestructuras y sistemas esenciales para el desarrollo y mantenimiento de capacidades vinculadas con servicios públicos. En este sentido, las penas podrían alcanzar entre ocho y diez años de prisión. Además, se contempla una condena de hasta seis años de cárcel para aquellos que colaboren voluntariamente con disturbios, ya sea mediante la provisión de bienes muebles, objetos o instrumentos, o aportando recursos financieros.

Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, subraya que estas modificaciones buscan penalizar actos que abusen de las manifestaciones con el fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Destaca que el aumento de penas para delitos como el bloqueo de carreteras y el entorpecimiento de servicios públicos tiene como objetivo principal proteger tanto a la ciudadanía como a los bienes públicos y privados.

En este nuevo marco legal, Arana hace un llamado a las autoridades competentes, especialmente al Ministerio Público, para que apliquen estas penas de manera efectiva. La normativa, según él, no solo está orientada a proteger a la ciudadanía, sino también a salvaguardar los bienes de la nación.