El Magistrado Supremo ha impuesto medidas restrictivas a Betssy Chávez Chino, excongresista de Perú, por su presunta participación en un caso de rebelión. El juez supremo, César Checkley, optó por imponer comparecencia con restricciones y una caución de 100.000 soles durante una audiencia en la que se determinó la existencia de graves y fundados elementos de convicción en su contra. A pesar de esto, Checkley descartó cualquier peligro de fuga u obstaculización en las investigaciones.
La Fiscalía ha anunciado su apelación a la decisión del magistrado, por lo que la determinación será revisada por la Sala Penal Suprema Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín. Por su parte, las reglas de conducta impuestas a Chávez Chino incluyen no ausentarse de Tacna sin autorización judicial, pasar control biométrico cada fin de mes, acudir a declarar ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, y no comunicarse con coinvestigados o testigos.
En caso de ser encontrada culpable de rebelión, la excongresista podría enfrentar una pena de más de 23 años. La fiscal adjunta suprema provisional, Galinka Meza Salas, adelantó que la pena por conspiración le correspondería 9 años, 11 meses y 30 días. Durante la audiencia, Meza Salas advirtió sobre un posible peligro de fuga de Chávez Chino, aunque esta solicitud se frustró en primera instancia.
El abogado de Betssy, Erwin Siccha, ha calificado la prisión momentánea de su defendida como “arbitraria y desproporcionada”. Según su opinión, una medida así no debería fundamentarse “en especulaciones o conjeturas”, sino que deben existir elementos graves sobre la responsabilidad final de una persona respecto a un determinado hecho.
Betssy Chávez Chino presenció el mensaje a la nación en diciembre de aquel año, pero ha afirmado desconocer el contenido de las líneas leídas por su entonces jefe. Una reportera de TV Perú encargada de la transmisión recordó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) haber sido recibida por la abogada. Ese mismo día, la excongresista envió un mensaje al WhatsApp del gabinete en referencia a la tercera moción de vacancia presidencial: “Hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad“.
Los otros implicados en la trama, Castillo Torres y Aníbal Torres, cumplen medidas coercitivas desde el último mes del 2022. El exmandatario está recluido preventivamente por 18 meses en Barbadillo, Ate, mientras que el profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene comparecencia restringida con impedimento de salida del país.
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