Los abogados de Pedro Castillo, expresidente de Perú, han solicitado a la Fiscalía que se respete el debido proceso y el derecho de la defensa en el caso en el que está involucrado. Actualmente, Castillo se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. En busca de demostrar su inocencia en el proceso penal por el supuesto intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre del año pasado, el expresidente ha presentado al Poder Judicial medios de prueba que su defensa legal considera relevantes.
Según el abogado de Castillo, estos medios probatorios, que incluyen testimonios, documentos y videos, fueron ofrecidos al representante del Ministerio Público asignado al caso, pero no han sido admitidos o han sido rechazados. Esto, según la defensa, vulnera el derecho a la prueba testimonial, documental y videográfica, siendo fundamentales para respaldar la tesis de inocencia del exmandatario.
En respuesta a esta situación, los abogados de Pedro Castillo han presentado una tutela de derechos para solicitar que la Fiscalía respete el debido proceso, el derecho de la defensa y admita los medios probatorios presentados, los cuales constan de 13 testimonios, 4 documentos y 6 videos. El recurso fue presentado ante el Juez Supremo Juan Carlos Checkley, quien ha programado una audiencia virtual para evaluar el caso y tomar una decisión al respecto el jueves 13 de julio.
Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo cumple su condena de 18 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate, en relación a este caso.
Fin de la investigación preliminar a Pedro Castillo
La Corte Suprema del Poder Judicial ha ordenado el cese de la investigación preliminar fiscal contra el expresidente Pedro Castillo y otros implicados por presunta injerencia en el proceso de ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en 2021. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martin, ha declarado “en parte” fundada la solicitud presentada por Walter Ayala, exministro de Defensa y abogado de Castillo, para realizar un control del plazo de la investigación preliminar.
El tribunal desestimó el pedido de Ayala para declarar la caducidad de las actuaciones realizadas por el Ministerio Público después del 7 de enero de 2022, argumentando que se habían modificado las imputaciones y los plazos sin una motivación suficiente y de manera arbitraria.
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