Morales Saravia destacó que la resolución del Tribunal Constitucional constituye una aclaración que despeja la sentencia del año pasado, la cual estableció la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Subrayó la importancia de acatar y cumplir las sentencias del Tribunal, indicando que, en este caso, la decisión del TC prevalece sobre otras instancias judiciales.

En cuanto al proceso de liberación, el presidente del TC señaló que ahora depende de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) proceder con la excarcelación de Fujimori. Afirmó que la resolución de aclaración, fechada el 21 de noviembre, se basa en debates y votaciones internas, destacando que los magistrados han seguido el procedimiento establecido.

Morales Saravia rechazó la idea de que el pronunciamiento del TC sea un distractivo y afirmó que todos los magistrados han respaldado la resolución de aclaración. La controversia en torno al indulto de Fujimori ha generado una situación dramática, pero el TC insiste en seguir su procedimiento de manera objetiva.

El 28 de noviembre, se reveló que el TC declaró improcedente una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia sobre el indulto a Alberto Fujimori y remitió lo actuado al juez de ejecución de un hábeas corpus presentado en Ica a favor del exgobernante.

Cabe recordar que el TC había establecido en 2022 restablecer los efectos del indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori. Sin embargo, la ejecución de esa sentencia fue paralizada por una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). El indulto, concedido en diciembre de 2017, fue anulado previamente por el Poder Judicial en 2018, atendiendo a una solicitud de la Corte Interamericana relacionada con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por las cuales Fujimori fue condenado.

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Los casos objeto de estas investigaciones abarcan presuntas irregularidades en el Ministerio de Vivienda, Petroperú y la concesión del Puente Tarata. Los tres implicados principales en estas pesquisas son el expresidente Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Pedro Castillo enfrenta una orden de prisión preventiva por 36 meses en relación con estas investigaciones, mientras que Geiner Alvarado se encuentra detenido. En contraste, Juan Silva se mantiene en calidad de no habido desde el año pasado.

En el caso de Petroperú, la fiscalía sostiene que existen indicios de que Pedro Castillo habría recibido dinero a cambio de designar a Hugo Chávez como gerente de esta empresa estatal. La solicitud de levantamiento del secreto de comunicaciones es parte de las acciones emprendidas por la fiscalía para esclarecer estos hechos.

Además, la fiscalía ha solicitado al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario de Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado, como parte de las medidas destinadas a profundizar la investigación sobre las presuntas irregularidades en los casos mencionados.

La audiencia para revisar la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones está programada para el martes 7 de noviembre y se llevará a cabo en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a partir de las 10:00 horas.

Estos eventos marcan un desarrollo importante en el panorama legal en relación con el expresidente Pedro Castillo y sus exministros, y se espera que las investigaciones y procesos judiciales arrojen luz sobre las alegaciones de irregularidades en la concesión de infraestructura y proyectos energéticos.

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El fiscal Pérez invocó el numeral 4 del artículo 357 del Código Procesal Penal, que establece que los juicios contra exfuncionarios públicos deben ser públicos, siendo la excepción que exista una motivación especial según lo indicado en el numeral 1 del mismo artículo. Pérez argumentó que realizar el proceso a puertas abiertas garantiza el principio de transparencia.

Durante su intervención, Pérez destacó la importancia de que el juicio oral se lleve a cabo de manera completamente pública, permitiendo que cualquier ciudadano y la prensa puedan presenciarlo. Esto, según el fiscal, asegurará el principio de transparencia, un elemento fundamental en procesos legales de esta envergadura.

Anteriormente, el Poder Judicial había afirmado que se garantizaba el derecho a la publicidad del proceso judicial mediante la transmisión por Justicia TV. Además, indicó que solo las partes debidamente acreditadas y permitidas dentro del proceso penal tienen derecho a participar en el debate.

La audiencia se está llevando a cabo de manera presencial en la sede del Poder Judicial ‘Carlos Zavala’, ubicada en el Cercado de Lima. Es importante señalar que Toledo participa de manera virtual desde el Penal Barbadillo, en el distrito de Ate, donde cumple 18 meses de prisión preventiva tras su extradición desde Estados Unidos.

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado una condena de 20 años y seis meses de prisión para el expresidente Toledo en caso de ser encontrado culpable de recibir más de US$30 millones de Odebrecht por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

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Durante la presentación del reporte de inflación al tercer trimestre de 2023, Velarde explicó que se espera un incremento en el precio del limón en septiembre, seguido de una reducción lenta en octubre y noviembre, para luego descender de manera más pronunciada en diciembre. Estas estimaciones son parte de la respuesta a la variabilidad observada debido a las condiciones climáticas y su impacto en la oferta del fruto.

El presidente del BCR enfatizó que el aumento del precio del limón, que alcanzó hasta un 69.8 %, se atribuye a las fuertes lluvias de marzo y abril, asociadas al Fenómeno de El Niño costero. Estas lluvias afectaron la floración de los cultivos destinados a la oferta de junio a setiembre. Velarde recordó un episodio similar en 2017, cuando el precio del limón se elevó a 14.5 soles por kilogramo en agosto debido a las condiciones climáticas adversas y luego descendió a 3.6 soles en diciembre de ese año.

Las proyecciones del Banco Central indican que el valor del limón seguirá mostrando una tendencia a la baja en los próximos meses. Se espera que en setiembre alcance los 15.7 soles por kilo, disminuyendo a 15.1 soles en octubre, 9.4 soles en noviembre y alcanzando un precio de 6.58 soles por kilo en diciembre.

La variabilidad en el precio del limón es un fenómeno que ha ocurrido en el pasado, y según Velarde, las proyecciones actuales sugieren que, a pesar del aumento temporal, se espera una corrección en los próximos meses. Esta perspectiva optimista brinda alivio a las preocupaciones sobre el impacto económico para los consumidores, ofreciendo una visión positiva para el cierre del año en términos de costos de alimentos en el país.

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El trágico episodio de terror que marcó la historia ocurrió en mayo de 1989, en la ciudad de Tarapoto, San Martín. Esa fatídica noche, el bar Las Gardenias fue escenario de un ataque terrorista que dejó su huella en la comunidad LGTBI y conmocionó a la sociedad. Distintas personas presentes en el lugar se convirtieron en víctimas de un acto violento sin precedentes.

La investigación sobre este caso comenzó en 2016 gracias a la iniciativa de la Procuraduría General del Estado. Milko Ruiz, procurador público especializado en delitos de terrorismo, ha afirmado que Víctor Polay, líder del grupo emerretista, desempeñó un papel clave como autor intelectual y ejecutor de los homicidios denunciados.

“Se trató de un acto de eliminación de individuos que el MRTA consideraba como sus adversarios. Estos crímenes se prolongaron hasta 1992 debido a una estrategia establecida por el MRTA, cuya principal mente detrás de estos actos fue el líder Víctor Polay“, destacó el procurador Milko Ruiz en una conferencia de prensa.

El Ministerio Público, siguiendo su compromiso con la justicia, ha presentado una solicitud formal a la Fiscalía para que se emita una orden de prisión preventiva contra Víctor Polay y los demás acusados involucrados en el caso de Las Gardenias. Esta solicitud está actualmente en manos del Poder Judicial, y se espera una respuesta pronta.

Los trágicos acontecimientos del 31 de mayo de 1989 aún están presentes en la memoria colectiva. Esa noche, miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) habrían perpetrado el asesinato de ocho jóvenes en un paraje que conducía al prostíbulo Las Gardenias, ubicado en Tarapoto.

Según registros de la época y testimonios recopilados, las víctimas presentaban heridas de bala en la espalda y la parte posterior del cuello. Estos actos de violencia formaron parte de lo que el MRTA denominó como “limpieza social”.

Previamente a los trágicos sucesos, miembros del MRTA habían advertido a la población sobre su intención de “limpiar” la ciudad de personas catalogadas como “ladrones, fumones, homosexuales, prostitutas y autoridades corruptas”. Estas declaraciones desencadenaron un clima de temor en la comunidad y precedieron a la violenta noche que nunca será olvidada.

En resumen, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha dado un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas del caso Las Gardenias. La investigación, iniciada en 2016, busca esclarecer los horrores ocurridos en mayo de 1989 y llevar a los responsables ante la ley, encabezados por el líder del MRTA, Víctor Polay. La sociedad espera con atención la respuesta del Poder Judicial ante la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en este caso que conmovió a la nación.

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El fallo del tribunal señala: “Se declara la suspensión de la efectividad de la pena dispuesta en la resolución N° 15, de fecha 15 de agosto de 2019 (sentencia de primera instancia), hasta que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín decida lo que corresponda a su competencia“.

La condena que pesaba sobre Cerrón se relaciona con una acusación fiscal por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado peruano. Esta acusación resultó en una pena de cuatro años de prisión. El caso se conoce como “Saneamiento La Oroya”.

La decisión del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional ha generado reacciones diversas en el ámbito político y legal. Por un lado, los partidarios de Vladimir Cerrón celebraron la suspensión de la condena y la posibilidad de que recupere sus derechos políticos. Cerrón es una figura influyente en la política peruana y líder del partido Perú Libre, que obtuvo la presidencia de la República en las elecciones de 2021.

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Sin embargo, la Procuraduría del Poder Judicial anunció que impugnará la sentencia de habeas corpus que favoreció a Cerrón. En un comunicado oficial, la Procuraduría señaló: “En aras de la defensa jurídica del Estado, la Procuraduría Pública del Poder Judicial impugnará el fallo expedido en primera instancia por el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima, que declaró fundado en parte un proceso de hábeas corpus presentado por el investigado Vladimir Cerrón Rojas”.

Es importante destacar que esta resolución judicial no es definitiva y será revisada en segunda instancia por una Sala Superior del mismo distrito judicial. Esta revisión será crucial para determinar el destino legal y político de Vladimir Cerrón, así como el impacto que tendrá en la dinámica política de Perú en los próximos meses.

Este caso pone de relieve la importancia de la independencia del sistema judicial en Perú y su rol en la toma de decisiones que afectan a figuras políticas prominentes y a la estabilidad política del país. La apelación y la revisión en segunda instancia serán seguidas de cerca por la opinión pública y los actores políticos en el país.

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La defensa de Olivera Vega argumenta que los hechos que se le imputan no se ajustan a la figura delictiva de colusión agravada que la Fiscalía pretende aplicar en este caso. El recurso de excepción de improcedencia de acción presentado ha sido admitido a trámite por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien ha dispuesto ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato. Se espera que en una audiencia virtual se evalúe y se emita una decisión sobre este recurso.

La investigación del Ministerio Público se centra en la presunta realización de gestiones por parte de Fernando Olivera para levantar las observaciones presentadas por la Contraloría durante el control previo de la obra. Supuestamente, estas gestiones buscaban favorecer la firma de los contratos de las empresas Odebrecht y sus consorciadas peruanas, que habían ganado la concesión de los tramos 02 y 03 de la Carretera Interoceánica Sur.

Además, se atribuye a Fernando Olivera haber realizado actos ajenos a su cargo como embajador, a pedido del entonces presidente Alejandro Toledo, para viajar a Perú y realizar gestiones con respecto a las observaciones de la Contraloría.

En este caso, Fernando Olivera es investigado junto a otros 10 exministros del gobierno de Alejandro Toledo, entre ellos los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Ferrero y Rene Cornejo, así como los entonces ministros Javier Sota Nadal, Manuel Rodriguez Cuadros, Jose Ortiz, Alfonso Velásquez y otros.

El caso de la Carretera Interoceánica Sur, vinculado a la empresa Odebrecht, ha generado gran interés y debate en el ámbito político y judicial, y la audiencia virtual para evaluar el recurso presentado por la defensa de Fernando Olivera será un momento clave para determinar los próximos pasos en el desarrollo de la investigación.

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En una audiencia que se llevará a cabo a las 4:00 p.m. en la sede del Poder Judicial en Lima, el magistrado dará a conocer si impone o no 36 meses de prisión preventiva a Goray Chong y Fernandini Arbulu. Esto se deriva de una investigación preparatoria en la que se les acusa de presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado.

El representante del Ministerio Público, el fiscal Freddy Niño Torres, ha solicitado la prisión preventiva por 3 años para los cuatro investigados, incluyendo a Pedro Arroyo Marquina, exjefe del Fondo MiVivienda, y Roger Gaviria Johanson, ex Superintendente de Bienes Estatales.

La investigación se inició cuando la empresaria Sada Goray admitió ante el Ministerio Público que había realizado pagos en efectivo por más de 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estos pagos tenían el objetivo de que su empresa, MarKa Group, obtuviera contratos en este sector durante el gobierno de Pedro Castillo.

El proceso de evaluación del requerimiento fiscal de prisión preventiva comenzó el 18 de julio y culminó el 31 de julio con el caso de Roger Gaviria Johanson. Además de los cuatro investigados mencionados, también está comprendido Luis Mesones Odar, ex pareja de Sada Goray, quien se encuentra en calidad de no habido debido a la orden de detención preliminar y el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra relacionados con este caso.

El veredicto del juez Raúl Justiniano Romero será crucial para determinar el futuro de los investigados en este caso que ha generado gran atención mediática. La acusación de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado plantea serias implicaciones legales y podría llevar a una sentencia de prisión preventiva si el juez determina que existen suficientes pruebas que respalden dichas acusaciones.

El caso “Fondo MiVivienda” ha puesto en el centro de la escena a destacadas figuras del ámbito empresarial y periodístico, y ha generado una importante expectativa sobre cómo se resolverá este proceso judicial. La decisión del juez Justiniano será determinante para el desarrollo futuro de este caso y para el destino de los involucrados en el mismo.

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La Primera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima, en el marco del caso de la red Orellana Rengifo, ha alcanzado un importante éxito al lograr la recuperación de más de S/ 1.8 millones que pertenecían a Mario Córdova Huamanccari, financista de la mencionada organización criminal.

La sentencia dictada en contra de Córdova permitió la ejecución parcial de la misma, resultando en la devolución de los montos de dinero obtenidos ilícitamente, los cuales ascienden a S/ 1’332,352.46 y US$ 105,376.49. Estos fondos serán transferidos al Estado como resultado de la demanda declarada fundada por la Primera Fiscalía de Extinción de Dominio.

El proceso de extinción de dominio que se lleva a cabo en este caso es independiente del proceso penal que enfrenta Rodolfo Orellana, y su objetivo principal es perseguir los bienes y recursos de origen ilícito para que sean transferidos a favor del Estado.

Es importante destacar que Mario Córdova Huamanccari es señalado como uno de los principales actores financieros de la red Orellana Rengifo, una de las organizaciones criminales más grandes en la historia del país. Esta organización se dedicaba al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles, y su liderazgo estaba presuntamente a cargo de Rodolfo Orellana y su hermana Lulith Orellana.

El logro de recuperar más de S/ 1.8 millones de Mario Córdova representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país. La capacidad del Ministerio Público para confiscar y devolver al Estado los recursos provenientes de actividades ilícitas fortalece la persecución de estos delitos y busca desarticular las estructuras criminales que buscan enriquecerse a costa del patrimonio nacional.

El caso de la red Orellana Rengifo ha sido uno de los más complejos y mediáticos en la historia de Perú, y su desarticulación y recuperación de activos ilícitos son un paso importante para restaurar la justicia y prevenir futuras actividades delictivas similares.

En conclusión, el éxito de la Primera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima al recuperar más de S/ 1.8 millones vinculados al financista de la red Orellana Rengifo representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La transferencia de estos fondos al Estado contribuye a fortalecer la persecución de actividades ilícitas y a desmantelar redes criminales que atentan contra el patrimonio nacional.

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La demanda fue presentada por Jefferson Farfán a mediados de 2019, acusando a Magaly Medina de utilizar un dron para grabarlo en el interior de un departamento y difundir información falsa sobre su presunta relación con su ex pareja, Yahaira Plasencia. Después de casi cuatro años, la justicia ha fallado a favor del ex futbolista, imponiendo a la periodista una condena de un año y ocho meses de pena privativa de libertad suspendida, junto con la obligación de pagar la reparación civil mencionada.

Durante la audiencia virtual, llevada a cabo de manera privada, la jueza Marcela Virginia Bellido Luna concluyó que Magaly Medina había cometido el delito de difamación agravada en perjuicio de Jefferson Farfán. Este veredicto fue emitido por el 38 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, según un comunicado publicado en la cuenta oficial de la institución en Twitter.

La sentencia también involucra a Patrick Llamo Aquezolo, productor del programa de Magaly Medina, quien también enfrentó acusaciones similares. En su caso, se dispuso la reserva del fallo condenatorio, pero se le impuso un año de reglas de conducta y la obligación de pagar una reparación civil de S/ 50 mil soles.

Tanto Jefferson Farfán como Magaly Medina han presentado recursos de apelación en respuesta al fallo emitido por el Poder Judicial. Se espera que el caso continúe en instancias superiores, donde se revisará y evaluará nuevamente la evidencia y los argumentos presentados por ambas partes.

Este veredicto marca un hito en la disputa legal entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, siendo una victoria para el ex futbolista y un precedente en casos relacionados con el respeto al honor y la difamación en el ámbito mediático. La decisión del Poder Judicial busca preservar el buen nombre y la reputación de las personas, recordando la responsabilidad que recae sobre los comunicadores y medios de comunicación al difundir información veraz y fundamentada.

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