Los casos objeto de estas investigaciones abarcan presuntas irregularidades en el Ministerio de Vivienda, Petroperú y la concesión del Puente Tarata. Los tres implicados principales en estas pesquisas son el expresidente Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Pedro Castillo enfrenta una orden de prisión preventiva por 36 meses en relación con estas investigaciones, mientras que Geiner Alvarado se encuentra detenido. En contraste, Juan Silva se mantiene en calidad de no habido desde el año pasado.

En el caso de Petroperú, la fiscalía sostiene que existen indicios de que Pedro Castillo habría recibido dinero a cambio de designar a Hugo Chávez como gerente de esta empresa estatal. La solicitud de levantamiento del secreto de comunicaciones es parte de las acciones emprendidas por la fiscalía para esclarecer estos hechos.

Además, la fiscalía ha solicitado al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario de Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado, como parte de las medidas destinadas a profundizar la investigación sobre las presuntas irregularidades en los casos mencionados.

La audiencia para revisar la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones está programada para el martes 7 de noviembre y se llevará a cabo en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a partir de las 10:00 horas.

Estos eventos marcan un desarrollo importante en el panorama legal en relación con el expresidente Pedro Castillo y sus exministros, y se espera que las investigaciones y procesos judiciales arrojen luz sobre las alegaciones de irregularidades en la concesión de infraestructura y proyectos energéticos.

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Francisco Sagasti está citado para comparecer a las 15:00 horas, mientras que Martín Vizcarra deberá hacerlo a las 17:00 horas. Ambas comparecencias se llevarán a cabo en la Sala 5-Gustavo Mohme Llona del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sede del Congreso de la República, ubicado en pasaje Simón Rodríguez s/n, Cercado de Lima.

Asimismo, la comisión investigadora planea acudir al domicilio procesal de Pedro Castillo, el sábado 21 de octubre a las 11:00 horas, en el penal Barbadillo, para recoger su testimonio. Se ha señalado que los expresidentes de la República tendrán la opción de estar acompañados por sus respectivos abogados, garantizando así el derecho al debido proceso.

Esta comisión busca esclarecer presuntas irregularidades en los contratos y licitaciones relacionadas con empresas chinas que llevaron a cabo obras en Perú. La investigación aborda temas vinculados a la transparencia y legalidad en dichos acuerdos. La citación de los expresidentes es un paso significativo en la búsqueda de claridad sobre las acciones llevadas a cabo durante sus gestiones en relación con estas empresas y sus proyectos en territorio peruano.

Este proceso es parte de los esfuerzos del Congreso peruano para investigar y abordar posibles irregularidades en contratos internacionales, especialmente aquellos relacionados con empresas chinas que han desempeñado un papel importante en proyectos de infraestructura en el país. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave en la gestión gubernamental, y estas investigaciones buscan asegurar que los contratos y acuerdos se hayan llevado a cabo de manera ética y conforme a las leyes y regulaciones vigentes.

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La presidenta Boluarte afirmó que el Gobierno peruano está acelerando los trámites necesarios para garantizar que Sánchez Sánchez sea expulsado de Estados Unidos y llegue a suelo peruano lo más rápido posible. Se enfatizó en la importancia de que el acusado comparezca ante las autoridades peruanas y rinda cuentas ante la justicia de Perú.

Dina Boluarte también abordó la situación de otras figuras involucradas en casos de corrupción. Mencionó que Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, y Juan Francisco Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, están siendo buscados desde marzo y junio de 2022, respectivamente, debido a su implicación en el caso “Puente Tarata”. La mandataria reiteró el compromiso del Poder Ejecutivo en capturar a estos investigados y llevarlos ante la justicia peruana para que puedan enfrentar las acusaciones en su contra.

La lucha contra la corrupción es una prioridad para el Gobierno de Perú, y la presidenta Boluarte destacó la importancia de llevar a cabo esta lucha de manera decidida y efectiva. Sus declaraciones se realizaron al término de la presentación del cuarto informe de avance de gestión desde Palacio de Gobierno.

El Gobierno peruano sigue trabajando en la repatriación de Alejandro Sánchez Sánchez y en la captura de otros implicados en casos de corrupción, demostrando su compromiso en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema de justicia en el país.

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Esta acción, denominada “Operación La Unión”, comenzó a las 3:20 de la madrugada y cuenta con el respaldo de la Policía Nacional. Se está desarrollando simultáneamente en diversas ubicaciones, incluyendo Lima, Piura, Áncash, San Martín y Huánuco.

En total, se han intervenido 49 propiedades, entre las cuales se encuentra la residencia del exdirector de la ARCC, Robert López López. Además, se han registrado las viviendas de dos asesores del congresista Guillermo Bermejo, así como las de otros nueve funcionarios ligados a dicho organismo. En conjunto, se ha detenido a 12 personas como resultado de esta operación.

El operativo a gran escala se ha llevado a cabo gracias a una orden concedida por el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional (CSN). Esta orden permite la detención de los investigados por un período de 10 días.

Según la hipótesis planteada por el equipo fiscal, los individuos implicados en este caso presuntamente habrían estado involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el cobro de dinero a cambio de la ejecución de proyectos de Reconstrucción con Cambios. Estos proyectos tuvieron lugar durante la administración del expresidente Pedro Castillo.

Los cargos potenciales que se imputarían a este grupo de personas, conocido como “Los Operadores de la Reconstrucción”, incluyen delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios.

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El juez encargado del caso, Juan Carlos Checkley, ha ordenado el embargo mediante inscripción e inhibición de cuatro propiedades que pertenecen al ex presidente José Pedro Castillo Terrones. Estas propiedades se encuentran ubicadas en Anguía-Chota-Cajamarca y en el pueblo de Tacabamba.

Por otro lado, el ex primer ministro Aníbal Torres Vásquez también ha sido afectado por el embargo, en forma de inscripción e inhibición, sobre nueve bienes de su propiedad. Estos incluyen ocho inmuebles localizados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo.

El motivo detrás de estas medidas es la solicitud realizada por la Procuraduría General del Estado, la cual exige una reparación civil de 67 millones de soles como consecuencia del golpe de Estado que tuvo lugar el pasado 7 de diciembre de 2022.

Este pronunciamiento del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria es un paso significativo en el proceso judicial que involucra a los mencionados ex funcionarios, y busca garantizar el resarcimiento económico ante los presuntos daños ocasionados al Estado durante el periodo de tiempo mencionado.

Es importante mencionar que el embargo de bienes constituye una medida cautelar que asegura que, en caso de resultar culpables, los imputados asumirán responsabilidad patrimonial y contribuirán a la reparación del daño causado.

La sociedad peruana estará atenta a los avances de este caso, ya que se trata de un acontecimiento relevante en el ámbito político y judicial del país. La resolución final del juicio determinará las consecuencias legales y económicas para los involucrados, y sentará un precedente en la lucha contra la corrupción y la protección del patrimonio estatal.

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Valer Pinto asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros el 1 de febrero del 2022, pero renunció tan solo tres días después, después de haber recibido la sugerencia del entonces ministro de Justicia. El parlamentario explicó que tanto Torres como Castillo consideraban que el cierre del Parlamento era “necesario”.

Sin embargo, Valer dejó en claro que no estuvo de acuerdo con la propuesta y denunció a Aníbal Torres ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) cuando presentó una cuestión de confianza al Congreso sobre una ley ya aprobada. Esta denuncia fue una muestra de su discrepancia con el plan de cierre del Legislativo.

El congresista también señaló que otros miembros del gabinete de Castillo, como Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, y Betssy Chávez, quien también ocupó el cargo de premier en dicho gobierno, eran “cómplices” de la intención de cerrar el Congreso.

Valer afirmó que aceptó el puesto de premier debido al respaldo de “fuerzas democráticas” que se reunieron con Pedro Castillo. No proporcionó detalles sobre qué fuerzas se trataba, ya que las reuniones fueron reservadas.

Cabe mencionar que la renuncia de Héctor Valer al cargo de premier estuvo envuelta en cuestionamientos debido a presuntas agresiones a su hija y a su expareja, lo que llevó a que sus vecinos recogieran firmas para solicitar su expulsión del edificio donde vivía en Lima. El parlamentario ha afirmado que se fabricaron expedientes en su contra relacionados con violencia familiar, pero el Poder Judicial ha constatado que no estuvo involucrado en tales expedientes.

El volcán Ubinas sigue generando preocupación en Perú debido a sus recientes explosiones y emisiones de cenizas, mientras que las declaraciones de Héctor Valer han revelado aspectos controvertidos durante su breve paso como premier en el gobierno de Pedro Castillo.

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Según el abogado de Castillo, estos medios probatorios, que incluyen testimonios, documentos y videos, fueron ofrecidos al representante del Ministerio Público asignado al caso, pero no han sido admitidos o han sido rechazados. Esto, según la defensa, vulnera el derecho a la prueba testimonial, documental y videográfica, siendo fundamentales para respaldar la tesis de inocencia del exmandatario.

En respuesta a esta situación, los abogados de Pedro Castillo han presentado una tutela de derechos para solicitar que la Fiscalía respete el debido proceso, el derecho de la defensa y admita los medios probatorios presentados, los cuales constan de 13 testimonios, 4 documentos y 6 videos. El recurso fue presentado ante el Juez Supremo Juan Carlos Checkley, quien ha programado una audiencia virtual para evaluar el caso y tomar una decisión al respecto el jueves 13 de julio.

Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo cumple su condena de 18 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate, en relación a este caso.

Fin de la investigación preliminar a Pedro Castillo

La Corte Suprema del Poder Judicial ha ordenado el cese de la investigación preliminar fiscal contra el expresidente Pedro Castillo y otros implicados por presunta injerencia en el proceso de ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en 2021. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martin, ha declarado “en parte” fundada la solicitud presentada por Walter Ayala, exministro de Defensa y abogado de Castillo, para realizar un control del plazo de la investigación preliminar.

El tribunal desestimó el pedido de Ayala para declarar la caducidad de las actuaciones realizadas por el Ministerio Público después del 7 de enero de 2022, argumentando que se habían modificado las imputaciones y los plazos sin una motivación suficiente y de manera arbitraria.

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El juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó la medida después de aceptar la solicitud presentada por la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder Judicial. Además de Sada Goray y Mauricio Fernandini, la detención también alcanza a Luis Mesones Odar, exesposo de Goray; Roger Gavidia, exjefe de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN); y Pedro Arroyo Marquina, exdirector del Fondo Mivivienda.

Sada Goray, exgerente general de la empresa inmobiliaria Marka Group, es investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se le acusa de haber entregado aproximadamente 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda en el gobierno anterior, para obtener licitaciones favorables en el Fondo Mivivienda. Por otro lado, Mauricio Fernandini, quien se ha acogido a la confesión sincera, es acusado de haber actuado como intermediario entre Goray y Marrufo. Este último también ha confesado ante la Fiscalía que Fernandini le entregó una coima de 200 000 soles de parte de la empresaria el 15 de septiembre de 2021, como parte de un pago total de 4 millones de soles.

Durante las investigaciones, el periodista reveló que alquiló su departamento en San Isidro por 10 000 soles al mes durante seis meses para que su prima, Pilar Tejera, Sada Goray y Salatiel Marrufo pudieran llevar a cabo sus reuniones.

La detención de Sada Goray se produjo cuando salía de los controles del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. La empresaria había llegado al país en un vuelo procedente de Estados Unidos, con escala en Colombia. Actualmente, Goray se encuentra bajo custodia policial en el hotel Costa del Sol, cerca del aeropuerto. Por su parte, Mauricio Fernandini fue detenido cerca de la embajada de Estados Unidos, en el distrito de Surco. Luego, fue llevado por la Policía a su departamento en San Isidro, donde las autoridades están realizando un allanamiento.

Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y miembro de Fuerza Popular, celebró las detenciones y elogió el trabajo de su equipo en las investigaciones del caso. Ventura destacó que las investigaciones preliminares realizadas por la comisión han revelado la posible implicación de otros funcionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en la red de corrupción que se ha descubierto en el Fondo Mivivienda.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, consideró que la detención de Sada Goray y Mauricio Fernandini representa un duro golpe a la corrupción arraigada en la administración de Pedro Castillo.

La detención preliminar de la empresaria y el periodista marca un hito en las investigaciones sobre corrupción en el Fondo Mivivienda y refuerza los esfuerzos por combatir la corrupción en el sector público.

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A pesar de las audiencias en su contra, la ex primera dama ha disfrutado de los impresionantes paisajes que ofrece la emblemática basílica de la Virgen de Guadalupe. Durante su visita, Paredes fue fotografiada posando para las instantáneas, tomadas por su hijo, y se encontraba acompañada de una mujer con el pelo corto y un polo rojo.

La periodista Marycarmen Sjoo, enlace telefónico desde México para PBO Noticias, describió el cambio de imagen de Paredes, rompiendo con su apariencia tradicional y mostrando un estilo fresco. Sin embargo, cuando Sjoo se acercó a la ex primera dama para confirmar su identidad, Paredes reaccionó de manera sorprendida y su sonrisa desapareció, como si hubiese visto algo aterrador.

Sjoo relató que después de su breve encuentro con Paredes, dos personas, aparentemente su seguridad personal, se acercaron para apartarla. Sin embargo, la periodista aclaró que no tenía la intención de interrogar a Paredes, simplemente deseaba confirmar su identidad.

Es importante destacar que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para justificar la encarcelación de Lilia Paredes. Durante los últimos seis meses, mientras ha permanecido como asilada política en México, el Ministerio Público ha presentado en repetidas ocasiones solicitudes de prisión preventiva, pero todas ellas han sido rechazadas.

En relación con los cargos en su contra, la Fiscalía de la Nación ha solicitado una condena de ocho años de cárcel para la ex primera dama, acusándola de formar parte de una organización criminal durante el gobierno de su esposo.

En resumen, Lilia Paredes, una figura política asilada en México, ha sido vista disfrutando de los hermosos paisajes de la basílica de la Virgen de Guadalupe, a pesar de los constantes pedidos de prisión preventiva en su contra. Aunque aún no se han encontrado suficientes pruebas para encarcelarla, la Fiscalía de la Nación busca una condena de ocho años por su supuesta participación en una organización criminal durante el gobierno de su esposo.

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Para cumplir con la orden de prisión preventiva emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Betssy Chávez será trasladada desde la carceleta del INPE, ubicada en el Penal Ancón Dos, hasta el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres en Chorrillos. La exjefa del Gabinete Ministerial enfrenta una investigación preparatoria por el presunto delito de rebelión, así como por conspiración para la rebelión en agravio del Estado.

El abogado de Betssy Chávez, Erwin Siccha, anunció que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional en un intento por revertir la decisión de los 18 meses de prisión preventiva impuesta a su cliente. Siccha afirmó que agotarán todas las acciones legales disponibles para revertir lo que consideran una decisión arbitraria. Además, destacó que Chávez es la única investigada a quien se le ha aplicado el secreto de una disposición fiscal y se han realizado investigaciones secretas para intentar justificar la prisión preventiva en segunda instancia.

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